Arizona Tribune - Juez denuncia los efectos de la ley de 1798 invocada por Trump para deportar migrantes

Trump arremetió esta semana contra el juez James Boasberg y pidió su destitución, lo que le valió una reprimenda del presidente de la Corte Suprema, John Roberts.

El decreto, que invoca la llamada ley de enemigos extranjeros, para detener y expulsar a presuntos miembros de la banda criminal venezolana Tren de Aragua lleva fecha de 14 de marzo.

La Casa Blanca lo divulgó al día siguiente, horas antes de la deportación a El Salvador de más de 200 personas presentadas como presuntos miembros esa organización criminal, declarada "terrorista" por Washington.

El juez preguntó en una audiencia este viernes por qué se firmó el decreto el viernes y se apresuraron a llenar aviones con migrantes.

"Me parece que la única razón por la que hacen esto es porque saben que hay un problema y quieren sacarlos del país antes de que se presenten demandas legales", le dijo Boasberg al abogado del gobierno, Drew Ensign.

"¿Qué pasa con quienes no son miembros del Tren de Aragua ni ciudadanos venezolanos? ¿Cómo pueden impugnar su expulsión?", enfatizó el magistrado, quien suspendió las expulsiones bajo esta ley hasta fin de mes.

Lee Gelernt, abogado de la influyente organización de derechos civiles ACLU, insistió en la necesidad de "poder impugnar" su pertenencia a la pandilla.

"Las repercusiones políticas son increíblemente problemáticas y preocupantes", añadió el juez, e insistió en que se hizo "un uso extensivo y sin precedentes" de la ley.

Hasta ahora solo se invocó en el contexto de un conflicto militar, es decir "cuando era indiscutible que existía una declaración de guerra y quién era el enemigo", afirmó.

Pero Trump reafirmó el viernes que esta declaración le da el poder de arrestar y deportar a extranjeros sin pasar por los juzgados.

- "Es lo que dice la ley" -

"Eso es lo que dice la ley y lo que este país necesita", sostuvo el presidente republicano en respuesta a la pregunta de un periodista en el despacho oval.

"Me dijeron que pasaron por un riguroso proceso de investigación, que también continuará en El Salvador", contestó cuando le preguntaron si es seguro que las más de 200 personas deportadas y encarceladas en una prisión de alta seguridad salvadoreña son "criminales".

"Eran un grupo malo (...) y estaban con muchos otros que eran absolutamente asesinos, homicidas y personas con los peores antecedentes penales", agregó Trump.

Esta semana la Casa Blanca acusó al "régimen hostil" del mandatario venezolano Nicolás Maduro de enviar a Estados Unidos al Tren de Aragua y el Departamento de Estado afirmó que este grupo "está estrechamente asociado, alineado y, de hecho, ha infiltrado" el gobierno del líder chavista.

Pero un informe del 26 de febrero de agencias de inteligencia de Estados Unidos lo matiza, según el New York Times, que cita a funcionarios que pidieron mantener el anonimato. Concluye que la banda no está controlada por el gobierno venezolano.

El Departamento de Justicia respondió anunciando la apertura de una "investigación criminal sobre la filtración selectiva de información inexacta, pero clasificada, de la comunidad de inteligencia sobre el Tren de Aragua".

En un comunicado deploró "los intentos con motivaciones políticas del gobierno en la sombra de socavar la agenda del presidente Trump filtrando información falsa".

La aplicación de la ley de 1798 "está basada en hechos, derecho y sentido común, lo cual demostraremos en los tribunales antes de expulsar de este país a los terroristas del Tren de Aragua", asegura el departamento.

H.Gonzales--AT